26/mayo/2026
Dra. Lyliana Rivera
Puerto Rico enfrenta una crisis de salud pública en el acceso a servicios terapéuticos, de salud y prevención para niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista. Esta crisis no se limita al diagnóstico; incluye la dificultad para recibir terapias del habla, terapia ocupacional, intervención conductual, salud mental, servicios médicos especializados, transición a la vida adulta y apoyos comunitarios continuos.
Según datos del CDC y PR-ADDM, en Puerto Rico aproximadamente 1 de cada 38 niños de 8 años y 1 de cada 21 niños de 4 años fue identificado con autismo en 2022. Además, el 24.8% de los niños de 8 años identificados tenía discapacidad intelectual concomitante, lo que aumenta la necesidad de servicios integrados y especializados.
Aunque Puerto Rico muestra avances en identificación temprana, la identificación no garantiza acceso real. Un niño puede tener diagnóstico y aun así esperar meses por terapias, evaluaciones, especialistas o servicios educativos adecuados. El propio informe PR-ADDM evidencia que la mayoría de los niños identificados tenía documentación diagnóstica o elegibilidad educativa, pero esto no mide si recibieron servicios suficientes, frecuentes, continuos y de calidad.
La crisis se agrava en la adultez. Estudios sobre Puerto Rico señalan que las políticas y programas deben enfocarse en desarrollar y financiar servicios para personas con autismo, especialmente adultos, porque el sistema tiende a concentrarse en la niñez y deja grandes vacíos al terminar la etapa escolar.
Desde una perspectiva de salud pública, el problema es estructural: escasez de especialistas, listas de espera, barreras económicas, fragmentación entre salud y educación, falta de prevención secundaria, ausencia de servicios permanentes por región y poca planificación para la vida adulta. A esto se añade la desigualdad histórica que enfrentan las personas con discapacidad en Puerto Rico dentro de programas de salud, educación, empleo y servicios de apoyo.
La evidencia internacional también confirma que las personas autistas enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud: dificultades en la comunicación con proveedores, ambientes clínicos no adaptados sensorialmente, falta de profesionales capacitados y procesos administrativos complejos. Estas barreras son aún mayores cuando hay pobreza, ruralidad, discapacidad intelectual, problemas de conducta, necesidades de salud mental o falta de transportación.
Por eso, Puerto Rico necesita pasar de un modelo reactivo a uno preventivo y continuo. No basta con diagnosticar; hay que garantizar intervención temprana, terapias basadas en evidencia, salud mental accesible, capacitación familiar, apoyos escolares, servicios para jóvenes en transición, programas de empleo, vivienda, vida independiente y seguimiento médico durante toda la vida.
La crisis de acceso en autismo no es solamente una crisis terapéutica. Es una crisis de equidad, derechos humanos y planificación pública. Cada mes sin servicio puede representar pérdida de lenguaje, aumento de ansiedad, deterioro familiar, exclusión escolar, dependencia en la adultez y menor participación comunitaria. Puerto Rico necesita una respuesta integrada, medible y permanente.
Referencias
Babalola, T., et al. (2024). Barriers and facilitators of healthcare access for autistic children, adults and their families: A systematic review.
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Departamento de Salud de Puerto Rico & ADDM Network-Puerto Rico. (2025). A snapshot of autism spectrum disorder in Puerto Rico.
Magallón-Neri, E., Vila, D., García, P., Santiago, K., & Canino, G. (2021). Use of health services among children and adults with autism spectrum disorder in Puerto Rico. EC Psychology and Psychiatry, 10(8), 05–14.
National Council on Disability. (2022). Disparate treatment of Puerto Rico residents with disabilities in federal programs and benefits.
Shaw, K. A., Williams, S., Patrick, M. E., et al. (2025). Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 sites, United States, 2022. MMWR Surveillance Summaries, 74(2), 1–22. https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1
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